La Comunidad Autónoma y el Ministerio del Interior suscribieron un convenio de colaboración para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio comunitario, por el que, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, las consejerías de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y de Política Social, Mujer e Inmigración ofrecerán la posibilidad de desarrollar trabajos sociales no remunerados, como apoyo administrativo o gestión de archivos, para la sustitución de penas a personas que tengan una deuda con la sociedad, según lo establecido en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

Así, el secretario general de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José María Bernabé, indicó que "esta iniciativa, con un importante contenido social positivo, permitirá a la Comunidad colaborar en la reeducación y reinserción de estas personas a través del desempeño de labores sustitutorias de las penas que se les hayan impuesto, contribuyendo a mejorar su desarrollo personal y facilitando su integración en la sociedad", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Estos trabajos consistirán en la realización de actividades de utilidad pública, entre ellas, tareas de apoyo administrativo, gestión de archivos y almacenes, ayuda a discapacitados y personas mayores en sistemas de transporte público y realización de trabajos en carreteras. La jornada de trabajo podrá variar desde cuatro a ocho horas con horario de mañana, tarde, entre semana o en fines de semana.

De este modo, las consejerías de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y de Política Social, Mujer e Inmigración serán las encargadas de facilitar las plazas de trabajo y de impartir los conocimientos y material necesarios para que la actividad desempeñada por los penados se realice de forma adecuada.